Conflicto Ambiental en Misiones

La aplicación de un decreto ordenando la tala de 249 ejemplares de Araucarias protegidas, desencadenó un conflicto en la localidad de San Pedro(Misiones) entre autoridades, organizaciones ecologistas y vecinos afectados.

Pobladores sin tierra ni trabajo se asentaron en los alrededores del pueblo de San Pedro, comunidad de la selva misionera, limítrofe a Brasil construyendo sus casas bajo araucarias, especies declaradas monumento natural e histórico. En consecuencia, al ser modificado su hábitat, algunos árboles se enfermaron y cayeron sobre las casas. En respuesta, el Gobierno local emitió un decreto por el cual serían apeadas 249 araucarias nativas, bajo el argumento de que hacían peligrar la vida y los bienes de los pobladores. La medida genero la reacción y confrontación entre diversos actores sociales: la Red de organizaciones ecologistas, autoridades locales, y pobladores afectados.

Originalmente, las araucarias estaban distribuidas en 210.000 has. Actualmente, y debido a políticas forestales descontroladas, subsisten manchones aislados que suman 800 has. Esta situación llevó a que en el año 1986 la Ley 2380 declarara los ejemplares Monumento Natural Provincial prohibiendo su tala y la comercialización de su madera. Excepcionalmente, la ley permite el apeo en los casos en que las araucarias signifiquen un peligro para la seguridad de las personas o sus propiedades. Sin embargo, numerosas disposiciones posteriores -reformes de ley, decretos del Gobernador y resoluciones de la Intendencia- generaron confusión en la interpretación de los alcances de esta excepción.

El pueblo de San Pedro está situado al este de la Provincia a pocos km. del límite con Brasil, en la zona donde aún se erigen estas especies. En los últimos años ha ido creciendo el número de inmigrantes brasileros que sin tierra ni trabajo se asientan en los alrededores del pueblo construyendo sus casas bajo las araucarias.

En consecuencia, al ser modificado su hábitat, algunos árboles se enfermaron y cayeron sobre las casas. Esto generó que algunos vecinos, aduciendo riesgo a sus vidas y propiedades, reclamaran que algunos ejemplares fueran apeados. El Gobernador de la Provincia autorizó entonces, a través del decreto Nº 402/99, el apeo de 249 araucarias que hacían peligrar la integridad física de las personas e inmuebles.

Frente a esta medida, las voces de las Red de Asociaciones Ecologistas (RAE) de la Provincia se hicieron oír, denunciando en los medios que la medida adoptada era ilegal y reclamando su suspensión y una urgente planificación urbana del pueblo. Sostenían que una de las principales causas del conflicto fue la anuencia de las autoridades municipales y provinciales, al permitir asentamientos de personas en tierras donde habitan estos árboles, por lo que promovían la inmediata iniciación de acciones contra los responsables. Asimismo, advertían también sobre la posible existencia de negocios secretos sobre el valor de la madera de los árboles a ser apeados y sobre apetencias electorales y "compra de votos" de personas sin tierra.

Frente a este conflicto, el Ministro de Ecología de la Provincia, decidió no implementar el Decreto 402/99 - suscripto por él mismo-, y aceptar la propuesta presentada por la FCD y la AMM, para llevar adelante un procedimiento de Mediación.
Los mediadores trabajaron arduamente durante 4 meses para garantizar una representación genuina de todos los sectores involucrados. Efectuaron entrevistas individuales y grupales, diseñaron la convocatoria al procedimiento, facilitaron el desarrollo de reuniones públicas y condujeron rondas de negociaciones entre todos los participantes. Como resultado de este trabajo, los participantes lograron llegar a un acuerdo que, entre otras medidas, resuelve que:

El acuerdo incluye entre sus cláusulas algunas declaraciones que hacen al cambio producido por los participantes en el desarrollo del procedimiento, marcando un hito en la historia del pueblo y fue formalizado mediante Decreto Provincial Nro 2198/99.

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