El boletín

para el cambio democrático

La importancia de construir consensos

Por Juliana Robledo

La instalación de papeleras en Uruguay, como tantos otros emprendimientos a gran escala (minería, represas, autopistas, etc.) han generado en las comunidades directamente impactadas las mas variadas formas de manifestación pública. Cada vez con mayor frecuencia movimientos de ciudadanos están ofreciendo una fuerte resistencia ante actividades que afectan el ambiente y sus particulares percepciones y deseos de crecimiento. Este fenómeno ha conducido en muchos casos, a una situación de crisis en los procesos decisorios de la política ambiental, transformando en un problema crucial de la gobernanza ambiental lo atinente a gestión y canalización de estos conflictos.

En el caso de las empresas de celulosa en Uruguay, la multiplicidad de intereses, actores y jurisdicciones impactadas revela un problema de alta complejidad.
La habilitación otorgada por el gobierno uruguayo a las papeleras ENCE y BOSNIA, situadas en Fray Bentos, en las márgenes del río Uruguay, frente a las costas entrerrianas de Gualeguaychú, ha generado un conflicto que ha ido escalando de acuerdo a las respuestas institucionales de los organismos provinciales, nacionales e internacionales involucrados.
Algunos de los variados intereses de los actores sociales que participan del conflicto son:

el ejercicio de una industria lícita
la preservación del ambiente tanto por los impactos que tendrían las plantas de celulosa sobre las aguas, costas y fauna del Río Uruguay como por aquellos que tendrían las plantaciones de eucaliptus que demanda el funcionamiento de las plantas
la protección a las actividades turísticas
la necesidad de generar fuentes de empleo
la protección de actividades agrícolas
la seguridad jurídica para las inversiones
el acceso a la información y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afectan directa y multidimensionalmente a sus comunidades
el valor de las relaciones internacionales

Frente a este panorama, redimensionar el rol de los organismos internacionales y bilaterales respecto de la promoción del desarrollo sustentable, puede ser una clave que nos permita analizar y anticiparnos frente a conflictos futuros ¿Deben los organismos internacionales y bilaterales constituirse en articuladores del crecimiento económico, la protección ambiental y la inclusión social en los procesos decisorios? ¿Qué mecanismos poseen para velar por el cumplimiento de estos componenetes? ¿Qué implica la licencia social en estos casos?

Llas comunidades de Gualeguachú y Fray Bentos, en conjunto con organizaciones ecologistas han organizado diversas actividades en repudio de las decisiones inconsultas que hipotecan su desarrollo sostenible. La instalación de las plantas no es más que un hito si tomamos en cuenta la necesidad de la comunidad de involucrarse en las decisiones que tienen que ver con su crecimiento. El NO a la instalación de las plantas aparece tras un largo camino de reclamos por información, generación de soluciones inclusivas de todos los intereses en juego y participación en los procesos decisorios.

El desafío de cualificar esas intervenciones ciudadanas y promover articulaciones intersectoriales se inscribe en repensar el concepto de "desarrollo". Ya que más allá del progreso económico, "desarrollo" , implica la capacidad de una comunidad para sustentar en el tiempo su proceso de avance económico y social. El desarrollo trata de la capacidad interna de identificar los propios problemas y aplicar las propias soluciones a partir de la potencialidad de las comunidades de "construir consensos" y de reconstruir la vida pública a nivel local. El desarrollo será por lo tanto autónomo y sostenible cuando descanse sobre un acuerdo democrático de responsabilidad entre todas las voces de aquellos a quienes sirve.